Desde fines del siglo XX, el derecho de acceso a la información pública (AIP) es reconocido como un derecho humano por diversos organismos internacionales. Durante la primera década del siglo XXI, el AIP comenzó a experimentar transformaciones, como consecuencia de la evolución de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Es decir, comenzó a expandirse y abarcar no solo a los documentos oficiales sino también a la información contenida en diferentes formatos digitales (correos electrónicos, por ejemplo). Asimismo, se comenzó a pasar de la divulgación mayormente reactiva (a través de solicitudes según los procedimientos establecidos por la legislación de AIP) a una combinación entre el acceso a la información vía solicitudes y la divulgación proactiva de información (principalmente a través de los sitios web gubernamentales). En paralelo, se ha ampliado el alcance del acceso para abarcar también datos en formatos digitales abiertos, conocidos como Datos Abiertos Gubernamentales (DAG).