El derecho de acceso a la información (AIP) se entiende como la capacidad de solicitar y obtener información producida y resguardada por los gobiernos, con sujeción a las excepciones definidas en la regulación en la materia. Desde la promulgación de la primera regulación relacionada con la posibilidad de acceder a información en manos del Estado, en Suecia en 1766, hasta finales del siglo XX, el AIP no fue un tema relevante dentro de las agendas de política pública en la gran mayoría de los países. Sin embargo, entre los primeros años de los noventas y finales de los 2000, el tema atrajo mucha atención y fue denominado por Darch and Underwood (2010) como la "Edad de Oro". Durante esos años se observó una gran expansión del número de leyes que regulan el AIP; más de 70.

Durante este período, dos procesos interrelacionados fueron extremadamente significativos en cuanto a la difusión de la legislación de AIP a nivel global: la internacionalización del concepto y los estándares en la materia, y el trabajo de los activista de sociedad civil (Fumega 2015). Unos años después, durante los primeros años del siglo XXI, el impacto de las TIC se hizo evidente cuando una nueva agenda cobró popularidad en el área de información gubernamental: Los Datos Abiertos Gubernamentales (DAG).