Derechos de Autor y DD.HH. en Uruguay

Nuestra ley de DA se caracteriza por ser altamente proteccionista y desequilibra la balanza hacia uno de los actores: los intermediarios (titulares de derechos). En los próximos títulos veremos como, bajo el actual régimen de DA, resultan desprotegidos los derechos de la sociedad en su conjunto, como el derecho de acceso a la cultura y al conocimiento, el derecho a la educación y la libertad de expresión.

Reflejo de este desequilibrio es el hecho de que la reforma legislativa del año 2003 (Ley 17.616) no dispuso de mejoras ni en el acceso a la cultura ni en las condiciones de trabajo de los autores. Los principales cambios de aquella última reforma son: la extensión del plazo de restricción a los actuales 50 años después de la muerte del autor, la ampliación de dichas restricciones al ámbito digital y la creación de nuevas figuras penales que tienen como consecuencia la criminalización de la acción cotidiana que cualquier usuario realiza en la web. Esta reforma se justificó como una actualización o “aggiornamiento” necesario para cumplir con las obligaciones internacionales asumidas con la firma de los Tratados TODA (OMPI) y ADPIC (OMC), aunque las reforma fue más allá de los mínimos de protección planteados en estos tratados y no tomó en cuenta como contrapartida los mecanismos para respetar el necesario equilibrio entre actores. Los mecanismos de protección al autor (al momento de contratar) y al usuario (excepciones y limitaciones) no se han revisado de forma integral desde el año 1937, por lo que nuestra legislación resulta ser una de las más anacrónicas, obsoletas y desequilibradas del mundo.

Desde el punto de vista de los usuarios de la cultura el efecto principal del régimen actual será la construcción de un gran cerco legal sobre cualquier tipo de obra. El silencio del autor tiene una única forma de ser interpretado: todos los derechos se encuentran reservados desde el momento mismo en que nace la obra, necesitando su autorización expresa para cualquier tipo de reproducción, distribución, puesta a disposición, adaptación, traducción y cualquier tipo de uso.

Este mismo principio tiene total vigencia cuando hablamos de obras digitales y de contenidos que circulan en la web. Esto puede sonar poco razonable dado que la estructura de la web se centra en el supuesto de libre circulación y acceso, sería totalmente ilógico suponer que cada vez que hagamos un clic debemos solicitar algún tipo de permiso, pero, por más ridículo que parezca, ese es el principio general al que deberíamos atenernos.