Dominio Público pagante

En nuestro país, existe lo que se conoce como dominio público pago o pagante, por lo que la explotación de obras del dominio público implica el pago de una tarifa que se destina a la financiación del: FONAM, COFONTE y Fondos Concursables del MEC.

“Ley 9.739 - ARTICULO 42

Cuando una obra caiga en el dominio público cualquier persona podrá explotarla con sujeción a las siguientes limitaciones:

a) Deberá sujetarse a las tarifas que fije el Consejo de los Derechos de Autor. El Poder Ejecutivo, en la reglamentación de la ley, velará para que las tarifas que se adopten sean moderadas y generales para cada categoría de obras;

b) La publicación, ejecución, difusión, reproducción, etc., deberá ser hecha con fidelidad. El Consejo de los Derechos de Autor velará por la observación de esta disposición sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente.”

Siguiendo con el ejemplo de las obras de Felisberto Hernández, si posteriormente a su entrada a dominio público alguna compañía teatral quisiera efectuar una adaptación de una de sus obras o si en una institución educativa quisiera entregarle una reproducción a cada estudiante no tendrían que pedir la autorización a sus sucesores pero deberían abonar a AGADU la tarifa correspondiente que será la misma que cuando la obra estaba en dominio privado.

Efectuamos algunas consideraciones al respecto:

  • La existencia de esta figura jurídica constituye un grave impedimento al acceso a la cultura pues, si bien no es necesaria una autorización del autor para el uso, adaptación, traducción y distribución de la obra, el monto que debe pagar el usuario es exactamente el mismo que cuando esa obra se encontraba en el dominio privado.   
  • La recaudación del dinero generado por concepto de dominio público se encuentra en manos de AGADU que cobra un porcentaje por concepto de administración. El control de las exoneraciones se encuentra en manos del CDA- MEC, control que le insume el esfuerzo de estudiar caso por caso.    
  • El argumento central de su existencia es que es necesario a los efectos de financiar los instrumentos de fomento a la cultura en Uruguay.

No existe actualmente una publicación que contenga el desglose de lo recaudado por este concepto, por lo que no sabemos a ciencia cierta qué actores son los que lo pagan o los niveles de morosidad o evasión. De acuerdo a lo expresado por fuentes de AGADU y del Consejo de Derechos de Autor en los hechos no se está cobrando la tarifa por dominio público por las obras que circulan en internet por la imposibilidad de su control.

¿Existen mecanismos adecuados de control de evasión?, ¿los actores privados pagan este tributo?, las cifras que el propio Estado (Comedia Nacional, SODRE, etc.) paga por concepto de dominio público ¿son el grosso de su recaudación?, Si esto fuera así, ¿no sería mejor que esas sumas se destinasen directamente al fomento a las artes liberando el acceso a nuestro acervo cultural? Todas estas son preguntas que podríamos responder analizando el estado de situación de su funcionamiento actual. Consideramos apremiante contar con esta información para efectuar una revisión seria de la conveniencia de este sistema.

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